Las empresas que mantienen las medidas de fuerza son CSG, Pony, Ciudad de Toay y Anzorena, que tienen a su cargo unos 30 micros en funcionamiento.
«Es suficiente, sin plata no se puede seguir. No hay contrato, promesas de pagos incumplidas. Punto final», publicó en sus redes sociales Eduardo Christensen, uno de los dueños de los colectivos.
Las empresas reclaman la firma del contrato de las licitaciones que se llevaron adelante.
«Acá el problema lo generó Administración Escolar, que en medio de una licitación hizo una contratación directa por un costo menor», destacó.
«Encima hicieron tarde el llamado a licitación… y quiero aclarar que en una licitación pública la estructura de costos nos es acercada y que no es mucho lo que podemos cambiar», explicó Christensen.
Y añadió: «esto no es una cuestión política, es una cuestión que las empresas nos quedamos sin plata para poder seguir».
Luego insistió en que «hay dos o tres funcionarios de Administración Escolar que hicieron mal las cosas. El Tribunal de Cuentas dice que hubo sobreprecios porque paralelamente se hizo una contratación directa más barata y que se hizo mal… porque cuando le pidieron valores al EMTU, para comparar, desde ese organismo municipal brindaron los mismos costos que nosotros».
«No es mala disposición del Gobierno, no es mala disposición nuestra… yo no sé si esto es hecho a propósito o es negligencia de los empleados que tenían que hacer las licitaciones que las hicieron mal o fuera de tiempo», se quejó.