La situación actual del polémico radar en Tierra del Fuego ha llegado a una definición judicial crítica. El 28 de abril de 2026, la Justicia ordenó la disolución definitiva de la empresa LeoLabs Argentina, la firma de capitales británicos y estadounidenses que operaba el dispositivo en la localidad de Tolhuin.
La Justicia dictaminó la baja registral y la disolución de la empresa al considerar que su presencia afectaba la soberanía nacional y representaba una amenaza a la seguridad.
El funcionamiento del radar ya había sido frenado previamente mediante medidas cautelares tras denuncias de que la tecnología poseía capacidades duales (civil y militar)..
El dispositivo se encuentra instalado en la zona de Tolhuin, en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego, estratégicamente cerca de la Ruta Nacional 3.
Aunque se presentó como un proyecto para monitorear basura espacial, se identificaron vínculos con capitales británicos e irlandeses, lo que generó un fuerte rechazo debido a la cercanía con las Islas Malvinas (a unos 700 km).
El Ministerio de Defensa y expertos advirtieron que el radar podía detectar no solo chatarra, sino también misiles y aeronaves en órbita baja, funcionando potencialmente como una estación de inteligencia para la comunidad anglosajona.
Irregularidades en la Autorización: La instalación original en 2022, fue autorizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero se omitió la consulta obligatoria a las áreas de Defensa y Relaciones Exteriores tratándose de una zona de seguridad nacional.