La convocatoria a sesiones extraordinarias que el Gobierno nacional envió días atrás al Congreso generó mucho ruido por la inclusión de los proyectos vinculados a la agenda judicial del oficialismo. Mucho más solapado en la opinión pública quedó la cuestión de las omisiones en la convocatoria.
La convocatoria a sesiones extraordinarias que el Gobierno nacional envió días atrás al Congreso generó mucho ruido por la inclusión de los proyectos vinculados a la agenda judicial del oficialismo, en el marco de su ofensiva contra la Corte Suprema. Mucho más solapado en la opinión pública quedó la cuestión de las omisiones en la convocatoria, es decir, de los proyectos que tuvieron dictamen y quedaron en el tintero.
Martin Maquieyra manifestó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no incluyó el tratamiento de la Ley Lucio en la sesión extraordinaria que se realizará entre el 23 de enero y el 28 de febrero. El proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y necesita el tratamiento en la Cámara de Senadores para que sea ley. “Es lamentable que el presidente no incluya el tratamiento de la Ley Lucio en el Senado. Necesitamos con urgencia que se trate cuando antes en la sesión para que finalmente sea ley. Lo único que falta es que los senadores aprueben el proyecto, no entiendo por qué el presidente decide no tratarlo”, enfatizó Maquieyra.
Maquieyra presentó el proyecto de ley el 15 de diciembre de 2021 y se aprobó en Diputados un año después, el 9 de noviembre de 2022 por unanimidad de todos los bloques. Un hecho histórico que demuestra la importancia de la Ley Lucio.
“Vamos a seguir reclamando para que lo traten. Junto a la familia Dupuy hemos hecho un esfuerzo enorme para tratarlo en un año y necesitamos que el Senado la apruebe con urgencia. Esperamos que el presidente reconsidere este hecho y lo incluya en el temario”, finalizó Maquieyra.
Ley de Alquileres, una reforma que le interesa más a la oposición que al oficialismo ya que el dictamen suscripto por el Frente de Todos no se diferencia sustancialmente de la norma vigente, más allá de que incluye un novedoso capítulo sobre incentivos fiscales para paliar la contracción de inmuebles en alquiler.
En junio del año pasado, después de mucho debate, se firmaron dos dictámenes en las comisiones de Legislación General y Presupuesto. El dictamen del Frente de Todos mantiene los tres años de plazo de los contratos y la indexación anual mientras que el dictamen de Juntos por el Cambio junto al interbloque Federal vuelve a los dos años de plazo y establece el ajuste de precios trimestral.
La paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición hace que ninguno de los dos bloques tenga la correlación de fuerzas suficiente para imponer su propia versión. En la fallida sesión del 21 de diciembre pasado el oficialismo incluyó «por la ventana» el proyecto de Ley de Alquileres en el temario, lo cual le dio la excusa perfecta a los opositores para retacear el quórum a último momento.
La ley para regular los precios de las locaciones de inmuebles para vivienda era largamente reclamada por la oposición, pero la ausencia del grueso de los diputados de Juntos por el Cambio en el recinto iba a llevar al desenlace indeseado: que se aprobara la versión impulsada por el Frente de Todos en detrimento de la propia.
La ley de Humedales, que establece el ordenamiento territorial y un inventario de ecosistemas húmedos en todo el país, se encuentra en una situación análoga de estancamiento. El 14 de noviembre se firmaron dos dictámenes en un plenario de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto, pero ninguno cosecha el consenso suficiente al interior de los propios bloques, lo cual frenó su tránsito en la Cámara de Diputados.
El lobby activo de gobernadores, corporaciones agroindustriales y mineras, que advierten por en encarecimiento del costo de los proyectos productivos, hizo mella en ambos lados de la grieta y cajoneó las iniciativas.
Aunque la referencia sea más lejana en el tiempo, lo mismo sucede con los dictámenes de los proyectos de «Compre Argentino», que prevén la ampliación de los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas del Estado.
Juntos por el Cambio rechaza la iniciativa al señalar que el sistema propuesto habilita «sobreprecios» en las compras públicas del Estado, por lo que bautizaron la iniciativa con el nombre «Compre Caro». En tanto, quedó fuera de carrera para tratarse este verano la ley de Obstetricia, propuesta que obtuvo dictamen de la comisión de Salud el 23 de noviembre pasado con apoyo transversal.
La iniciativa establece un marco general y amplía las incumbencias de los profesionales de la obstetricia (por ejemplo incorporando los partos a domicilio), quienes se dedican a asistir a la persona gestante en todo su período fértil durante el embarazo, el parto y el puerperio. Esta norma apunta a rejerarquiza la profesión, que había sido rebajada a “actividad de colaboración” en tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Los profesionales de la obstetricia aportan decisivamente en la prevención de embarazos adolescentes y disminución de las muertes maternas y neonatales. Se calcula que la reducción de muertes a partir de la intervención de obstetras es de dos tercios. También quedaron afuera del temario proyectos como el gravamen a la renta inesperada, o la renegociación de créditos UVA, pero se trata de iniciativas sin dictamen de comisión.
Escrito por Sebastián Hadida