El Poder Judicial de La Pampa se expidió respecto a las elecciones de UTELPa e hizo lugar a una medida cautelar para disponer la «prohibición de innovar» las autoridades del gremio, hasta que se resuelva lo planteado en el amparo pedido por la oposición.
La cautelar se desprende de un pedido de amparo presentado por la lista Rosa Verde «Pedimos la palabra», quienes afirman que hubo fraude en los comicios para la seccional santarroseña del gremio docente, realizados el pasado 7 de septiembre. La Junta Electoral de Utelpa, en tanto, había dado como ganadora a la lista oficialista Celeste Violeta.
La actuación judicial, que lleva la firma del juez santarroseño Claudio Daniel Soto, se dio a conocer ayer. «El objeto de la cautela pretendida es que no se proclame una lista como ganadora de la elección llevada a cabo en el gremio demandado y que no asuman las personas que pudieran ser proclamadas como nuevas autoridades, hasta tanto se resuelva la presente acción de amparo, ya que la prohibición de innovar tiene por objeto evitar que se cambie la situación de hecho o de derecho existente al momento en que se decretó», sostiene el documento emitido.
En el texto emitido por el Poder Judicial pampeano, se detallan dos argumentos principales para dar lugar a esta medida: la «apariencia de verdadero» de las evidencias presentadas por los denunciantes, y la presunción de «peligro en la demora»; esto refiere a una medida tomada para disipar un temor de daño inminente.
«La documental acompañada con la demanda, en particular las actas suscriptas que obran en págs. 1/25, 29/30, 32/35 del anexo «documental 11 a 18″, acreditan que el derecho que los recurrentes invocan tiene la apariencia de verdadero», afirma el juez Soto en el texto, en referencia a la evidencia presentada por integrantes de la lista Rosa Verde.
Asimismo, habla de la presunción de un «peligro en la demora» para justificar la aplicación de la cautelar: «Atento a lo que se observa de las declaraciones periodísticas atribuidas a miembros de la Junta Electoral (…) el conflicto en ciernes permite presumir la existencia de ‘peligro en la demora‘; máxime si se tiene presente que a mayor verosimilitud del derecho -como podría aparecer en este caso atento las constancias adjuntadas- el recaudo en análisis no debería ser tan riguroso».
La medida, aclara el Poder Judicial, apunta a evitar mayores perjuicios en tanto no se esclarezca el resultado del comicio. «La finalidad de la cautela pretendida no es otra que evitar, hasta tanto se defina la cuestión de fondo, que asuman nuevas autoridades distintas de las actuales, que fueran así proclamadas en virtud del acto eleccionario cuestionado. Existe, por cierto, un peligro de daño y lo que se pretende es, precisamente, su prevención», cierra el documento.
Durante la tarde, integrantes de la lista Rosa Verde -quienes presentaron la demanda a la Junta Electoral- brindaron una conferencia de prensa para dar mayores detalles sobre la cautelar.
«Esta noticia la sentimos muy importante viniendo de donde viene, y por la rapidez con la que se dio todo», expresó la apoderada de la lista, Cecilia Alcántara. «Hicimos la presentación legal el lunes, el juez inmediatamente resolvió, en menos de 24 horas, esta situación. Entonces ahora la seccional Santa Rosa no puede asumir hasta tanto esta situación sea resuelta».
Remarcaron que la cautelar es para que no asuman las autoridades, pero la Justicia no va a dirimir cuál fue la lista ganadora. «Esto no significa que el amparo que presentamos con todas las irregularidades en el comicio después pueda salir a favor nuestro o de la otra parte, eso va a ser de acuerdo a las investigaciones. El amparo va a decidir si es nulo o no el acto eleccionario, no se va a decidir si ganó uno u otro», recalcó Carlos Alonso, candidato a secretario gremial por la lista opositora.
Los docentes desconocen cuánto tiempo tiene la Justicia para expedirse y que ello «depende de su investigación». Asimismo, sostuvieron que la seccional capitalina del gremio «quedaría acéfala, porque debería asumir en unos días». Remarcaron que el mandato de las autoridades actuales está pronto a finalizar pero que este «no debería prorrogarse».