Comunicado de Prensa: «En orden a la sentencia del STJ sobre la RTO y frente a las afirmaciones erróneas que han circulado al respecto, entendemos necesario que los vecinos sepan que el STJ no se pronunció sobre el planteo de fondo, referido a las irregularidades en la implementación de la RTO, ni convalidó el accionar del Ejecutivo municipal. »
Lo que hizo fue desentenderse del tema, argumentando que los concejales no tenemos legitimación activa para accionar en defensa de los vecinos, y que sólo podemos velar por los intereses de la comunidad en el marco del Concejo Deliberante.
La falta de legitimación fue declarada de oficio, es decir, sin que el Municipio la hubiera planteado como defensa.
En otras palabras, el STJ eludió el tema central y no se expidió sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza 6977/2023 -que tornó exigible la RTO invadiendo competencias provinciales- ni sobre la resolución 30/2024, con la que se llamó a licitación sin la ordenanza previa que exige la ley. Simplemente decidió no tratar la cuestión.
Según el fallo, los concejales no podríamos actuar judicialmente para proteger a los vecinos por no tener un “interés personal y directo” en el caso, ni para preservar la división de poderes. Así, el STJ concluye que no existe un conflicto de derechos real y concreto que deba resolver.
Por lo tanto, el rechazo de la demanda no significa que la RTO municipal sea válida, ni que tenga alcance nacional, ni contradice los fundamentos jurídicos planteados por los concejales de la UCR y el PRO.
En definitiva, el STJ se lavó las manos y eligió no involucrarse en la discusión. Y aunque evitó darle la razón al intendente di Nápoli, le brindó protección para avanzar con una RTO ilegal y puramente recaudatoria.