Los representantes del partido político Comunidad Organizada, la diputada Sandra Fonseca, el diputado Maximiliano Aliaga Souto y su presidente partidario Juan Carlos Tierno, presentaron dos denuncias ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de La Pampa, «en virtud de hechos de extrema gravedad institucional que comprometen la transparencia, el control público y la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo Provincial frente al manejo de la licitación del area petrolera El Medanito, así como como la falta de control en los movimientos societarios de la refineria Refi Pampa quien recientemente ha presentado su concurso de acreedores.» detalla un comunicado de Comunidad Organizada.
En cuanto a la primerd enuncia, fue a partir de la evidente manipulación del pliego licitatorio y violación de la Ley N.º 3620 en el área hidrocarburífera “El Medanito”. Se detallo como hecho principal una maniobra para alterar la determinación de regalías provinciales, mediante la inclusión en el pliego licitatorio de un mecanismo de medición artificial y manipulable, en una clara violación de la Ley Provincial N.º 3620, que rige el régimen de explotación hidrocarburífero en la provincia.
El pliego licitatorio fue recientemente aprobado por mayoría de la Comisión de Precalificación y Preadjudicación, creada al efecto por decreto del gobernador Sergio Ziliotto, siendo integrada por representantes del mismoPoder Ejecutivo, representantes dela empresa Pampetrol, diputados provinciales y el intendente de la localidad 25 de Mayo.
Se evidencio que se ha ido reduciendo intencionalmente y de manera arbitraria el cálculo de la producción real, imponiendo datos a un software susceptible de manipulación y por lo tanto no fidedigno y asi reemplazando el sistema legal y técnico de caudalímetros instalados en boca de pozo.
Esta evidente manipulación de datos, impacta directamente sobre la percepción del 20% de regalías que corresponden a La Provincia de Pampa, generando un perjuicio económico inmediato y estructural al erario público provincial cuyos beneficiarios directos, por ley de regalías provincial, son los municipios pampeanos.
Esta denuncia fue acompañada del dictamen en disidencia de la diputada oficialista Noelia Sosa, que reconoce y evidencia la ilegalidad del mecanismo, la imposibilidad de auditoría técnica independiente y el “grave riesgo de perjuicio económico para el Estado provincial”.
Por otra parte, la denuncia expone la falta de remisión de información desde 2023 a la Secretaría de Energía de la Nación sobre el petróleo extraído en la provincia, la inexistencia de informes de gestión obligatorios a la Cámara de Diputados, establecidos por el artículo 5 de la Ley de Pampetrol
Asimismo, se denuncia la violación del artículo 5 bis, que obliga a conformar la sindicatura respetando la representación institucional según el sufragio electoral.
La ausencia de control interno, facilitó y continúa facilitando las irregularidades denunciadas.
Respecto a Comunidad Organizada, desde un primer momento sostuvo la necesidad de realizar un informe integral del área, denominado Data Room, a lo cual permanentemente se negaba el Sr. Ziliotto a llevarlo a cabo, y el que ahora se presenta como Data Room, es el llevado a cabo con posterioridad por la misma empresa estatal Pampetrol, quien es la actual sociedad de UTE junto con la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A operan el area a licitar. Asimismo,desde Comunidad Organizada a través de proyectos de ley, se sostuvo que una vez conocido el Data Room debiera de volver a la Cámara de Diputados para el conocimiento pleno de los recursos petroleros actuales de la provincia en especial de esta área a licitar, y frente a esta propuesta nuevamente se negaba Ziliotto a darlo a conocer, pese a ello, los diputados lo votaron igual, con el rechazo de Comunidad Organizada y ahora con esta evidente manipulación de datos, sigue violando la ley votada para el llamado a licitación de concesión del área.
Los denunciantes, se comprometieron a incorporar el listado completo de funcionarios públicos intervinientes en el desarrollo del pliego de licitación, a saber, los representantes de Pampetrol S.A.P.E.M. los integrantes de la Comisión de Precalificación y Preadjudicación de Ziliotto (13 miembros).
Comunidad Organizada conoce que se han realizado presentaciones anteriores de la diputada provincial Noelia Sosa, pero entendiendo que son obligaciones inherentes al cargo de funcionarios públicos de los diputados de Comunidad Organizada es que igualmente se llevó a cabo esta denuncia no solo del pliego de licitación del área El Medanito sino de lo referido a Refi Pampa.
Respecto a la segunda denuncia se llevó adelante a partir de las graves irregularidades detectadas en la gestión y funcionamiento de la empresaRefi Pampa S.A., las cuales comprometen de manera directa los recursos económicos de los pampeanos.
En la denuncia se expone que Refi Pampa S.A. fue constituida en la provincia y fue beneficiaria de un préstamo de promoción industrial, así como exenciones impositivas y predios en 25 de Mayo para la instalación de una refinería, y que, sin haber cumplido con la devolución del compromiso dinerario asumido, el Estado Provincial quedó como titular del 20% de sus acciones y con representación en sus órganos directivos, encuadrándose conforme a la Ley Provincial de Hidrocarburos N.º 2675.
A su vez denunciaron, que cualquier modificación societaria, escisión, fusión o alteración del tipo social en una empresas que estén involucradas en la permisos, concesiones, contratos de obras, de estos recursos, requiere autorización expresa de la Cámara de Diputados; sin embargo, durante los últimos años se realizaron múltiples movimientos societarios dentro del grupo económico que integra Refi Pampa S.A. -entre ellos Kalpa Group S.A., All Road S.A. y otras firmas- sin que el Gobierno Provincial informara al Poder Legislativo, ni solicitara la autorización establecida por ley.
En los hechos denunciados se advierte además que durante 2024 el grupo efectuó modificaciones inscriptas incluso en distintos boletines oficiales del país, sin que el representante del Estado en la sociedad ni el gobernador cumplieran con el deber legal de comunicar o frenar esas maniobras. Como consecuencia de esos movimientos, la sociedad que habría absorbido a las demás, hoy denominada Sinchicuna S.A., quedando la refinería de 25 de Mayo en manos de otra firma del grupo, Petróleo y Servicios S.A., mientras que Refi Pampa S.A. -la empresa original, y con participación estatal accionaria- transitó este último tiempo hacia una situación de vaciamiento patrimonial, insolvencia y posterior presentación en concurso preventivo en los tribunales de General Acha, con un pasivo que incluye acreencias con el propio Estado Provincial a través de Pampetrol, cuyo objeto de cobro son en mayor medida la producción de petróleo crudo entregada a refipampa.
A ello se suma como prueba, que la Comisión Nacional de Valores suspendió la operatividad y negociación de títulos de la empresa, en un contexto donde, pese a ese cuadro económico crítico, el Gobierno Provincial ha continuado la entrega directa de petróleo de las explotaciones hidrocarburiferas a la empresa concursada Refi Pampa, sin autorización judicial ni intervención de la sindicatura del concurso, comprometiendo gravementeuna vez más la posibilidad de recupero de los recursos estatales entregados a esta empresa y afectando el patrimonio común de todos los acreedores.
Por lo tanto, se evidencia que a partir de estas maniobras que por acción u omisión de funcionarios del Poder Ejecutivo, del directorio de Pampetrol, de la Secretaría de Energía y del propio titular del Poder Ejecutivo, en violación del artículo 81 de la Constitución de La Pampa y de la Ley 2675, posibilitaron a que la empresa concursada quede sin patrimonio y trasladando los activos -incluida la refinería- hacia sociedades del mismo grupo económico, sin control estatal ni autorización legislativa.
Por estos motivos, Comunidad Organizada solicitó que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inicie de inmediato la investigación, adopte medidas cautelares urgentes para impedir que continúe la entrega de petróleo u otros beneficios a la empresa o a las sociedades absorbentes sin autorización judicial, y requiera al juez del concurso informes sobre la real titularidad y explotación de la planta de refinería.