Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto presentaron una denuncia formal ante la autoridad policial a raíz de hechos que podrían configurar delitos de acción pública vinculados con la empresa Refi Pampa S.A., sociedad que recibió millonarios fondos públicos bajo la forma de créditos de Promoción Industrial y al día de hoy la misma encuentra en cesación de pagos.
Entre los hechos expuestos, los diputados señalan que los movimientos societarios, fusiones y reorganizaciones empresariales del capital accionario de Refi Pampa S.A. se realizaron sin la previa autorización del Estado Provincial, a pesar de que dicha obligación se encuentra expresamente establecida en la Ley Provincial N° 2675.
El artículo 10° de esa norma expresa que toda empresa en la que el Estado tenga participación accionaria no puede fusionarse, escindirse, disolverse o transferir derechos sin el consentimiento afirmativo del Gobierno Provincial. Sin embargo, en este caso, los cambios societarios fueron de público conocimiento, incluso publicados en boletines oficiales, y desde el Estado Provincial no se ha conocido su intervención, ni manifestación de oposición alguna.
Esta omisión podría haber permitido el desapoderamiento de bienes y activos que forman parte de la garantía común de los acreedores, entre ellos el propio Estado, que mantiene un crédito estimado en más de mil quinientos millones de pesos.
A ello se suma que, pese a la crítica situación económica y financiera de la empresa, Pampetrol S.A.P.E.M. habría continuado entregando petróleo pampeano en forma directa y sin licitación a Refi Pampa S.A., lo que agrava aún más el posible perjuicio al erario público provincial.
La falta de autorización provincial que no solo vulnera la ley, sino que expone a la provincia a un daño patrimonial de gran magnitud y compromete la responsabilidad de los funcionarios públicos que, por acción u omisión, no defienden los intereses del Estado.
Por tal motivo, A partir de esta denuncia con pedido de investigación, los que deberían representar a la sociedad en el proceso penal, que son los fiscales, tratan rápidamente de impedir la investigación, no solicitar las más elementales medidas de prueba, impedir incluso la presentación de querellantes como parte interesada en un patrimonio público, para de esa manera cerrar lo más rápidamente posible y con un grado grave de impunidad la investigación que se debe realizar.
No obstante ello, Fonseca y Aliaga formularon igualmente la presentación cumpliendo lo que entienden como una obligación cívica impostergable referido al principal recurso no tributario y patrimonial de los pampeanos y dejaron expresa constancia en la denuncia que solicitan que los magistrados judiciales, particularmente fiscales, que tengan una directa relación con el gobierno provincial se aparten, porque lamentablemente y tal como se ha sostenido por los mismos en distintos ámbitos, incluido la Cámara de Diputados de La Pampa, el Poder Judicial de La Pampa, con varios de sus integrantes, tiene vinculación directa con el Poder Ejecutivo Provincial.
Todo esto, habida cuenta los ocultamientos, ilegalidades y maniobras referidas al petróleo pampeano, no solo en el caso del área petrolífera El Medanito, sino también en este caso de entrega de petróleo pampeano a una empresa que en principio se habría insolventado, dejando sin garantía de pago a la provincia y con conocimiento de los movimientos societarios que la provincia debería haber evitado en los términos de lo que determina el artículo 6° de la Ley Provincial de Hidrocarburos, y pese a la cesación de pago con cheques rechazados, la empresa siguió recibiendo petróleo pampeano.
Por lo tanto, el pedido de investigación refiere a las obligaciones incumplidas en principio por el Gobernador y por otros funcionarios públicos que tenían la obligación de cuidar/controlar todo lo referido a la explotación petrolífera en La Pampa