El Gobierno de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, elevó un documento donde “lamenta y rechaza” el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), “pieza clave en la ayuda recibida por Abuelas de Plaza de Mayo desde el Estado nacional en la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura cívico militar”.
El pronunciamiento de la Subsecretaría pampeana apunta a que con el cierre por un Decreto del Gobierno nacional de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que depende de la CONADI, “ya no podrá hacer investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para ayudar en esta tarea a Abuelas, obstaculizando su tarea”.
El cierre, señala, “es parte de las consecuencias de la Ley Bases votada en el Congreso de la Nación, una embestida más de este Gobierno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que aunque se intente desmantelar desde una política de negacionismo y ajuste, es parte integrante de nuestros valores democráticos, una causa popular y una política de Estado del gobierno pampeano”.
Más adelante recordó que la CONADI “fue creada en el año 1992, funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y es una herramienta importante en la búsqueda y la agilización de la tarea del Poder Judicial en la recuperación de la identidad de de niñas y niños apropiados durante la última dictadura”.
Merced a la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI, prosigue, “se pudo encontrar finalmente a la hija de la pampeana Lucía Tartaglia, desaparecida en 1977, la nieta número 125 restituida”.
Se recordó finalmente que “falta saber dónde están los hijos apropiados de los pampeanos Ana María Gutiérrez y Carlos Orzaocoa”.