En la primera sesión ordinaria del jueves en la Cámara de Diputados, los representantes de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga fijaron su postura junto al ingreso de su proyecto de Ley N° 12/26 presentado por su bloque respecto a la convocatoria a licitación del área El Medanito, la que busca asegurar transparencia en el proceso.
Al respecto la legisladora Sandra Fonseca manifestó “Pampetrol es una falacia, es una cascara vacía, no puede formar parte de la licitación debido a que incumple el requisito de libre deuda ambiental que exige la Ley de Hidrocarburos, el proyecto presentado propone suspender la participación societaria del 20% de la empresa estatal Pampetrol para aquellos interesados en invertir en La Pampa, con el objetivo de generar una oferta licitatoria competitiva, estipulando el proyecto regalías acordes a la normativa nacional vigente.”
“Nuestro proyecto tiene como finalidad preservar la legalidad del proceso licitatorio; la Ley Nacional N° 17.319 establece que la licitación pública y abierta como único procedimiento legal para adjudicar concesiones hidrocarburíferas, en ese marco, cualquier adjudicación realizada por un mecanismo distinto resulta jurídicamente inválida y constituye un acto nulo de nulidad absoluta.”
Fonseca expreso “es nuestra voluntad unificar esta iniciativa con el proyecto presentado por el Sr. Intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve, que también propone una licitación pública nacional e internacional con el mismo esquema de regalías, habiéndole enviado una nota con dicho fin.”
Asimismo el diputado Maximiliano Aliaga, se refirió en el recinto de sesiones sobre el proyecto de autoría de Comunidad Organizada por el que se crea la Mesa Salarial Policial a fin de llevar adelante las negociaciones salariales y condiciones de trabajo, al respecto expresó “la problemática salarial de las fuerzas de seguridad no es exclusiva de la provincia, esta iniciativa propone generar un ámbito institucional donde los trabajadores policiales pueda discutir sus salarios y condiciones de trabajo, con el objetivo de terminar con una discriminación histórica que afecta al personal de la fuerza de seguridad, quienes actualmente no cuentan con un mecanismo específico de discusión paritaria dentro del esquema general de la Administración Pública.”
El personal policial son trabajadores del Estado y como tales, deben gozar de los derechos consagrados por la Constitución Nacional, nuestro proyecto se enmarca en los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, ratificados por nuestro país, que promueven la negociación colectiva para los agentes de la Administración Pública