Por Sandra Fonseca: En la Argentina y desde hace años, y no por improvisación, se desmanteló la fuerza social de la inteligencia para perseguir a las bandas criminales. Es decir, la inteligencia institucional del Estado fue corruptamente usada por la política de distintos orígenes y partidos. Esto produjo el aumento exponencial del ingreso de droga, armas, tráfico de personas con secuestros de niños. Tomar como política de Estado la organización institucional de los poderes judiciales de la Argentina y de las fuerzas de seguridad, tanto federal como provincial, es imprescindiblemente obligatorio.
En el año 2015, desde La Pampa y a través del Consejo de Seguridad Interior, se propuso precisamente eso, empezar a trabajar en conjunto, expresión remanida, pero nunca aplicada. Y así, en aquel momento, por acuerdo de todos los Ministros de Seguridad de la Argentina entre ellos, Maximiliano Pullaro ( Santa Fe) y Juan Carlos Masei ( Córdoba), se comenzaron a instalar los denominados Centros de Inteligencia Criminal, constituido por provincias, fuerzas federales, el sistema de inteligencia a través de la denominada AFI, para empezar a realizar en conjunto con el sistema judicial, las investigaciones a todas las formas de delito criminalizado.
Al día de hoy y bajo la denominación de Ley Antimafia, se retoma algo similar a aquello, instituyéndolo como cabecera a nivel de la Justicia Federal. Por lo tanto, esta ley no hace ni más ni menos que cumplir un nivel obligacional, porque la prevención y el cuidado de la población, fundamentalmente los niños, tampoco se está realizando prácticamente en toda la Argentina, frente al flagelo destructor de la droga. Y eso es todavía una grave materia pendiente de los ámbitos gubernamentales en carácter ejecutivo de toda la Argentina, incluyendo el Gobierno Nacional, La Pampa y de casi todas las provincias argentinas.
Pero la persecución y represión del narcotráfico y otros delitos complejos, significa poner al Estado a trabajar, no para la corrupción política, no para perseguir a personas en términos de cuestiones políticas o personales, sino de la delincuencia organizada.
Por este motivo es que nos adherimos, junto con los bloques no oficialistas de la Cámara de Diputados de La Pampa, a la Ley nacional Antimafia, debiendo el gobierno provincial, cumplimentar en la acción y no en el discurso, todo lo necesario para integrarse a este sistema
Sandra Fabiana Fonseca
Diputada Provincial
Bloque Comunidad Organizada
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