Nueva York (EFE).- Una jueza estadounidense ordenó este lunes a Argentina renunciar a su participación del 51% en la petrolera YPF para cumplir parcialmente una sentencia judicial de 16.100 millones de dólares.
En este sentido, la jueza superior de Distrito de los Estados Unidos Loretta Preska determinó que en dos semanas Argentina debe transferir sus acciones de YPF a «una cuenta de custodia global en BNYM (un banco de servicios financieros) en Nueva York».
«Convencidos de que no es necesario presentar argumentos orales además de los documentos presentados por las partes, se deniega la solicitud de presentar argumentos orales», anota en las conclusiones del texto.
Tras hacerse pública la decisión de la jueza, las acciones de YPF caían un casi un 5 % en Wall Street.
Argentina apelará el fallo sobre YPF en EE.UU.
Por su parte, el presidente Javier Milei afirmó que apelará la decisión que obliga a su país a entregar el 51 % de su participación en la petrolera YPF.
«Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», aseveró Milei a través de la red social X.
Sin detallar los argumentos bajo los cuales Argentina apelará la decisión adoptada este lunes por Preska, Milei centró su mensaje en criticar al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, quien en 2012, cuando el entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) dispuso la nacionalización de YPF, se desempeñaba como ministro de Economía argentino.
En su mensaje en X, Milei afirmó que «haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía».
«Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina», sostuvo.
El origen del caso
En 2023, Preska condenó a Argentina por la decisión en 2012 de expropiar a la compañía española Repsol el 51 % de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.
El caso se inició en 2015 cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.
Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Fernández le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.