El senador nacional por La Pampa, Daniel Kroneberger (UCR), rechazó el proyecto que introduce cambios en la normativa vigente al advertir que implica una reducción de los estándares de protección ambiental y altera el equilibrio federal en el manejo de un recurso estratégico como el agua dulce.
Kroneberger vinculó la discusión con la realidad pampeana y los antecedentes de conflictos interprovinciales, y remarcó que el agua no se detiene en los límites administrativos ni entiende de mapas políticos.
“En la cuenca del Atuel, los glaciares sostienen el aporte de agua en períodos de escasez. Cuando nieva poco, los glaciares y zonas periglaciares son el ‘seguro’ que mantiene el caudal. Si debilitamos la protección existente, debilitamos ese seguro. Lo que se decide en una parte de la cuenca impacta en toda la región. El agua no reconoce fronteras”, afirmó.
También hizo referencia al río Colorado, cuyo principal afluente nace en zona glaciar. “Si la decisión sobre qué áreas quedan protegidas y cuáles dejan de estarlo queda exclusivamente en manos de una provincia, se pone en riesgo el equilibrio de toda la cuenca” , señaló.
El legislador pampeano advirtió que el proyecto reduce el rol técnico nacional y relativiza herramientas como el Inventario Nacional de Glaciares, al trasladar definiciones estratégicas a decisiones provinciales caso por caso, incluso cuando se trata de sistemas hídricos compartidos.
Además, alertó sobre las consecuencias jurídicas que podría acarrear la modificación y sostuvo que el debate no puede desentenderse de los compromisos asumidos por la Argentina en materia ambiental.
“Estamos frente a una reforma que tiene cuestionamientos constitucionales evidentes y que, si avanza en estos términos, muy probablemente termine otra vez en los tribunales. La Argentina asumió compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, que incorpora el principio de no regresión ambiental. No podemos retroceder en estándares de protección y pretender que no haya consecuencias. Una ley que nace con conflicto judicial no brinda previsibilidad; genera incertidumbre y debilita la seguridad jurídica que tanto necesitamos”, expresó.
Al concluir, aseguró: “El agua dulce es un recurso estratégico. Debilitar su protección no es una decisión menor: es comprometer el equilibrio productivo y social de regiones enteras. Defender la Ley de Glaciares no es estar en contra del progreso. Es sostener un estándar básico común para todo el país, para que ninguna jurisdicción quede en desventaja frente a decisiones que impactan en recursos que compartimos”