Luego de los atentados a la embajada de Israel en Argentina en 1992 y a la AMIA en 1994, un avión venezolano fue retenido en Argentina, donde se identificaron a 5 pasajeros iraníes.
En mayo de 2013, el fiscal Alberto Nisman emitió un dictamen acusando a Irán de infiltrarse en Sudamérica para establecer redes de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas en algunos países de América Latina.
La presencia de un avión iraní en territorio argentino genera preocupación tras estos hechos ocurridos en el país, la DAIA se presentó como querellante en la causa del avión iraní y propuso medidas de prueba.
A tres meses del 30 aniversario del atentado a la embajada de Israel en Argentina y a poco de cumplirse 28 años del atentado a la AMIA, un avión venezolano fue retenido en Argentina, donde se les retuvo el pasaporte a 5 pasajeros iraníes.
El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, confirmó que uno de los tripulantes del avión venezolano inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán. Sin embargo, el ministro aclaró que “ninguno de los tripulantes contaba con alertas rojas o cualquier tipo de restricción que impidiera su ingreso a la Argentina”, en relación a las circulares emitidas por Interpol por el atentado a la AMIA.
El ataque terrorista a la embajada israelí en Buenos Aires ocurrió el martes 17 de marzo de 1992 a las 14:45 (hora local) cuando una camioneta Ford F-100 conducida por un suicida y cargada con explosivos fue estrellada contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizada en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada, y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. En el atentado terrorista murieron 29 personas, entre israelíes y argentinos, e hirió a otras 242. Dos años después, se produjo el atentado terrorista contra la AMIA en 1994.
El atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) tuvo lugar el lunes 18 de julio de 1994, es considerado el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas. También es el mayor ataque contra la comunidad judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.
En 2001, luego de siete años de investigaciones realizadas por los fiscales federales Eamón Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman y el juez Juan José Galeano, la justicia argentina llevó a juicio a varios acusados de haber formado parte de la llamada «conexión local» que causó el atentado, entre los que se destacaban Carlos Telleldín y el comisario Juan José Ribelli. El juicio finalizaría cuatro años después, con la absolución de todos los acusados y la orden de enjuiciar por encubrimiento al juez, a los fiscales que actuaron desde el inicio, al principal dirigente de la comunidad judía y a altos funcionarios del gobierno.
El 13 de septiembre de 2004 se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual quedó designado Alberto Nisman, la llamada Unidad Fiscal AMIA.
En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner y después de doce años de investigación, el fiscal especial a cargo de la investigación basada en informes de los servicios de inteligencia argentinos, estadounidense e israelí, acusó formalmente, al gobierno de Irán de aquel entonces, de planificar el atentado y al partido Hezbolá del Líbano, de ejecutarlo. Irán, por su parte, negó estar relacionado con el atentado.
La justicia argentina imputó a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de ser los autores, contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas. Ali Akbar Velayati (exministro de Asuntos Exteriores de Irán) y Hadi Soleimanpour (exembajador de Irán en Argentina), ambos con pedido de captura internacional por el atentado, Ali Fallahijan (exministro de Inteligencia iraní); Mohsen Rezai (exsecretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia); Ahmad Vahidi (exministro de Defensa); Mohsen Rabbani (exconsejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires) y la persona identificada como Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (exsecretario de la Embajada).
En junio del 2011, Ahmad Vahidi, imputado como uno de los autores intelectuales del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue invitado a Bolivia para participar en dos actos militares en el departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia expulsó a los pocos días a Ahmad Vahidi, para evitar un conflicto diplomático con Argentina, influyente aliado del gobierno de Evo Morales, según fuentes diplomáticas.
El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner confirmó que firmó con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán que incluía la creación de una Comisión de la Verdad con el objetivo de «avanzar en la investigación del atentado». El acuerdo contemplaba la creación de una comisión integrada por «cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional» y además señalaba que los mismos «no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países». El acuerdo quedaría firme una vez que sea aprobado tanto por el Poder Legislativo argentino como por el Parlamento iraní.
En mayo de 2013, el fiscal Alberto Nisman emitió un nuevo dictamen con más de 500 páginas acusando a Irán de infiltrarse en Sudamérica para establecer redes de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. También atribuyó al ex agregado cultural iraní en la Argentina, Moshen Rabbani, acusado por el ataque a la AMIA, la coordinación de la penetración en Sudamérica y especialmente en Guyana a través de su discípulo Abdul Kadir, quien fue sentenciado en 2010 a prisión perpetua por su responsabilidad en el frustrado atentado al aeropuerto de Nueva York.
En mayo de 2014, la Cámara Federal declaró inconstitucional el memorándum. Sin embargo, el 18 de julio de ese mismo año, en un acto multitudinario, el vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, reclamó nuevamente la derogación del memorándum de entendimiento Argentina-Irán y exigió medidas concretas para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado.
El 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, denunció a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por «decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán», junto al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y al dirigente social Luis D’Elía, y pidió la indagatoria de todos ellos. El lunes 19 de enero de 2015, Nisman apareció muerto en el baño de su casa, con un disparo en la sien causado por un arma de propiedad de un empleado de la fiscalía de nombre Diego Lagomarsino.
El 11 de diciembre de 2015, se confirmó que la nueva gestión del Presidente recientemente electo Mauricio Macri dejaría caer el trámite que buscaba revocar la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento Argentina-Irán. Con esta decisión, el Memorándum con Irán ya no tendrá vigencia para ser aplicado.
El 10 de enero de 2022, durante el acto de asunción del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Mohsen Rezai, uno de los iraníes acusados por la Justicia argentina de organizar el atentado contra la AMIA y sobre quien pesa una alerta roja de Interpol, asistió en representación de su gobierno como vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán.
El pasado jueves 9 de junio de 2022, el presidente Alberto Fernández brindó un duro discurso durante la Cumbre de las Américas al referirse a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “Definitivamente, hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas”.
Además, lamentó que no estuvieran “presentes todos los que debíamos estar, en este ámbito tan propicio para el debate”, en clara referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua e invitó a su par de Estados Unidos, Joe Biden, a la próxima reunión de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).
El viernes 10 de junio de 2022, el dictador venezolano, Nicolas Maduro, arribó a Teherán en momentos en que América Latina debate en la Cumbre de las Américas. Funcionarios estadounidenses dijeron repetidamente que los gobiernos autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la Cumbre por las denuncias de la violación sistemáticamente los derechos humanos en sus países y no cumplir con los estándares más básicos de una democracia.
Alberto Fernández recibió un fuerte apoyo de Nicolás Maduro, por su discurso en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.
“Alberto Fernández ha hecho un discurso firme, claro, valiente y puso todo en su lugar”, definió Maduro. El dictador venezolano subrayó que Alberto Fernández “después de protestar y rechazar la exclusión frente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden”, le dijo que “tenemos la CELAC y lo invitó para que participe sin exclusión”. “Le puso la guinda a la torta”, dijo el jefe de Estado de Venezuela, durante una entrevista con el canal de propaganda iraní HispanTV durante su visita a Teherán
El presidente de Irán, Ebrahim Raisí y Maduro, asistieron en el palacio Sad Abad de Teherán a la firma de un acuerdo a largo plazo, en un encuentro definido como el comienzo de «una amistad indestructible»: «La política exterior de la República Islámica de Irán siempre ha sido mantener lazos con las naciones independientes, y Venezuela mostró una resistencia ejemplar frente a las amenazas y sanciones de los enemigos y el imperialismo. La firma de un documento de cooperación de 20 años entre los dos países muestra la determinación de los funcionarios de alto nivel de los dos países para el desarrollo de las relaciones en diferentes campos.»
Las relaciones entre Teherán y Caracas son muy estrechas, cimentadas en su oposición mutua a Estados Unidos, a lo que aludió el presidente iraní.
No trascendieron detalles de lo firmado más allá de que abarcan los sectores de petróleo, petroquímica, turismo, alimentación y tecnología.