La Cámara de Diputados, los grupos políticos, el oficialismo y parte de la oposición aprobó la denominada ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Comunidad Organizada puntualizo a través de su representante la Diputada Sandra Fonseca, que esta es una ley cuyo contenido debería tener mayor significación para la sociedad en el tema quizá más importante cual es que el Estado le brinde protección.
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Fonseca expresó, “Desde Comunidad Organizada esperábamos un tratamiento profundo, como el realizado en la construcción de la ley de educación provincial, otra función indelegable del Estado, que posea la participación real y no aparente de trabajadoras y trabajadores policiales, en este caso para que sus opiniones sean tenidas en cuenta antes de la toma de decisiones”.
“ Nuestro espacio político con representación ante esta legislatura, solicita que el personal policial tenga un representante a los fines de la discusión de las cuestiones tanto salariales como laborales, tal como lo expresa nuestra constitución, la agremiación, su estabilidad, y todo lo referido a la misma, tiene que estar exclusivamente por ley, contrariamente a ello, este texto enviado desde el Poder Ejecutivo, y no modificado en esta Cámara, tiene 108 derivaciones para hacerlo todo por reglamentación, violando expresamente la Constitución, porque es una ley usada para delegar funciones legislativas en el Poder Ejecutivo.”
“Se alude a los Consejos Locales de Seguridad, y no se dio participación a los gobiernos municipales, sin tener en consideración que la ley Orgánica de Municipalidades prevé el funcionamiento de las policías municipales y en un sentido integral de seguridad que significa la participación de dichos gobiernos. “
En igual sentido Fonseca expresó, “Tampoco se dio participación, pese a intentar regular a las agencias y todo el estamento privado de la seguridad privada, tanto en directivos como en sus trabajadores/as como así también todo lo referido a la seguridad y eventos públicos, actividad nocturnidad, etc.A los únicos que le dieron participación y por ser allegados a varios de los grupos políticos actuales no solo del oficialismo sino del aparente oposición, fueron aquellos que invocan para sí, casi en forma monopólica, los derechos humanos y con ello insertar en un denominado Consejo de Seguridad a estos grupos que en más de una ocasión se han evidenciado su actitud negativa, cuando no de ataque, a la policía en particular y en general a políticas de Estado de genuina seguridad para el pueblo.”
“ A pesar de estas condiciones y de haber tomado el título de un proyecto en un trabajo desarrollado por Juan Carlos Tierno y su equipo en los años 2016-2018 en el Ministerio de Seguridad el contenido del proyecto de ley no se condice con una política de Estado de seguridad, es más pesimista significativamente el accionar policial en las fases más preventivas, al igual que ocurrió con la deformación del Código de Faltas provincial que tuvo como objetivo retrasar, limitar y tergiversar el accionar policial, incluso generando condicionamiento que hará todavía mas difícil y conflictiva la tarea del buen policía pampeano. Por lo tanto Comunidad Organizada NO ACEPTA convalidar una pretendida ley de seguridad que va a generar altos niveles de inseguridad al pueblo, a la policía y a los estamentos de seguridad privada también.” Concluyó Fonseca