El Bloque Comunidad Organizada manifiesta su rechazo al presupuesto provincial 2025 presentado por el Ejecutivo Provincial. Consideramos que este proyecto, lejos de atender las necesidades prioritarias de los pampeanos, está diseñado para ocultar irregularidades y perpetuar un sistema de mal manejo de los recursos públicos.
En cuanto a la ley impositiva 2025, lejos de mostrar una reducción real en la carga impositiva se sostiene como base fundamental de recaudación ilegal e inconstitucional SIRCREB, creado como un sistema cooperativo entre provincias para el cobro de ingresos brutos para empresas con sucursales en distintas jurisdicciones, cual terminó siendo utilizado para esquilmar de forma en especial a los trabajadores y empresarios pampeanos, así como la persecución para el cobro de impuestos con nuevas vías de hecho, como la de vehículos que sin encontrarse registrados en nuestra jurisdicción, transiten y se utilicen laboralmente en la provincia de La Pampa a partir de su detección seguros en la jurisdicción. Asimismo también se prevé el aumento fiscal a valuación de tabla por la DNRPA, es decir a similitud de valor real, manteniendo las mismas alícuotas del 10% para las transferencias de vehículos.
Asimismo, reiteramos nuestra oposición a la transformación del Banco de La Pampa en una sociedad anónima mediante una decisión de directorio, un procedimiento que debería haberse llevado adelante a través de una modificación legislativa. Tampoco apoyamos la ley de ratificación de este cambio societario, ya que representa una maniobra inconsulta y sin fundamentos legales.
En relación al presupuesto, destacamos los siguientes puntos de desacuerdo en cuanto a su falta de transparencia: La inclusión de fideicomisos como herramientas presupuestarias no responde a una necesidad productiva ni social, sino que constituye un mecanismo de ocultamiento y elusión de controles. Estos fideicomisos son estructuras vacías, utilizadas para manejar grandes sumas de dinero sin rendición pública ni resultados claros, de los cuales jamás se ha recibido información detallada a pesar de los reiterados pedidos de información de nuestro bloque legislativo.
El presupuesto excluye partidas esenciales, como las destinadas al fortalecimiento de defensorías civiles gratuitas. Esto afecta directamente a las personas más vulnerables, que ven restringido su acceso a la justicia. Es evidente que el gobierno provincial discrimina y subestima a quienes más necesitan del Estado, impidiendo el acceso a la Justicia, y por sobre todo seguir sosteniendo una justicia sustituta con designación a la carta por mandato político del gobernador.
A su vez sostienen su prioridad en gastos superfluos porque mientras se recortan recursos para sectores clave como Seguridad, Educación y Salud, se destinan 3.500 millones de pesos a publicidad y propaganda oficial. Este gasto desproporcionado no responde a las necesidades de los pampeanos, sino que resulta orientado a la promoción personal del gobernador y su espacio político, bajo el slogan de La Pampa Trabaja.
Proponemos que esos recursos se inviertan en atender necesidades urgentes, a gruesas cuentas, con ese presupuesto, a razón de 70 millones de pesos semanales, se podría fortalecer a la Policía de La Pampa mediante la compra de vehículos, equipamiento y capacitación, se podrían equipar cuarteles de bomberos locales con autobombas, herramientas para incendios y programas de capacitación certificados, garantizando una respuesta eficaz ante emergencias de distintos tipos.
No hay manera de sostener la defensa de fideicomisos, donde a ministros se le asignan partidas millonarias y ante su consulta desconocen con objetividad su destino o con actividades como la producción de leche y medicamentos que nunca se concretan, o por ejemplo la gestión del autódromo provincial, sin resultados justificables con un gasto anual de 300 millones de pesos para su mantenimiento. Estas decisiones evidencian un desvío de las funciones esenciales del Estado y pérdidas económicas significativas.
Todo esto demuestra, entre otras cosas, un déficit en calidad institucional: La administración provincial no ha demostrado compromiso con la calidad institucional ni con un sistema de justicia independiente. La falta de políticas concretas para garantizar derechos básicos y el uso arbitrario de los recursos públicos son claros ejemplos de esta falencia.
Finalmente, creemos que este presupuesto es mentiroso. Alegan que atienden las necesidades básicas debido a la crisis que según dicen generó Milei, pero siguen destinando miles de millones de pesos a publicidad y fideicomisos oscuros, como a obras millonarias que lejos de atender una necesidad habitacional como la gran demanda de viviendas que reconocen tener, se sostiene terminar con obras como el edificio de canal 3 o una inversión millonaria en un fideicomiso denominado bodega pampeana pretendiendo desarrollar vino cuando las necesidades básicas de la población pampeana, que tambien aduce el gobierno de La Pampa es mucho mas urgente