Desde el Bloque Comunidad Organizada de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa informamos que hemos remitido una nota formal a la Municipalidad de 25 de Mayo, dirigida al Sr. Intendente Leonel Monsalve y a la Sra. Viceintendenta Marina Álvarez, con motivo de la reunión convocada para el día 25 de febrero del corriente, vinculada al denominado “proyecto del gobernador Ziliotto” respecto del área El Medanito.
Hemos señalado que desde el año 2016 se conocía que la concesión de El Medanito vencía en junio de 2026, por lo que la demora del Poder Ejecutivo en definir el futuro del área resulta injustificable y colocó a la provincia en una situación de tratamiento apresurado de un recurso estratégico.
Expresamos también que la intención del gobernador no fue convocar a una licitación pública nacional e internacional, sino prorrogar la concesión a la empresa Pampetrol S.A.P.E.M., pese a las obligaciones y responsabilidades que posee previamente sobre el área.
Advertimos que la producción petrolera se encuentra en una manifiesta merma desde 2022, producto de la falta de inversiones por parte de la actual operadora Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A, circunstancia reconocida en la Cámara de Diputados por funcionarios provinciales, entre ellos el secretario de Energía y Minería. Esta situación generó caída en la producción y pérdida de puestos de trabajo en 25 de Mayo.
Uno de los aspectos más graves que denunciamos es el ocultamiento de información sobre la producción y el desenvolvimiento económico de la UTE (Pampetrol-PCR). Bajo el argumento de que la operadora PCR no informaba debidamente la cantidad de petróleo extraído, desde representantes del oficialismo se sostuvo incluso que no era obligatorio confeccionar balances de la UTE, cuando la normativa vigente establece claramente esa obligación.
Asimismo, recordamos que existe un instrumento contractual firmado en 2016 al momento de la prórroga por diez años de la concesión de El Medanito, cuyo contenido fue virtualmente desconocido por la Cámara de Diputados y por autoridades municipales hasta que el presidente de nuestro espacio, Juan Carlos Tierno, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, lo que obligó a su incorporación al expediente correspondiente.
En dicho instrumento se establecían obligaciones que no fueron cumplidas: la contratación de una auditoría externa del desenvolvimiento de la UTE; el control de inversiones comprometidas por 500 millones de dólares; la obligación de informar semestralmente a la Cámara de Diputados; y la constitución de un Comité Operativo con actas formales sobre todas las decisiones vinculadas a la explotación.
También manifestamos que, para realizar una licitación seria por 25 años, era imprescindible contar con información objetiva y completa sobre el estado real del área: cantidad de pozos existentes y en producción, caudal de cada uno, pozos abandonados, cumplimiento de los procedimientos de abandono, situación ambiental y pasivos existentes. Sin embargo, el denominado “Data Room” no brindó la claridad necesaria, y la comisión creada por el gobernador -integrada mayoritariamente por miembros designados por él- terminó avalando un pliego que incluso alteraba parámetros establecidos en la propia ley aprobada, lo que derivó en el fracaso de la licitación y en la ausencia total de oferentes.
No dejamos de señalar que el tratamiento legislativo estuvo rodeado de manifestaciones que presionaron el normal desenvolvimiento democrático de la Cámara de Diputados, circunstancia que oportunamente calificamos como extorsiva. Comunidad Organizada se mantuvo firme en no participar de ninguna conducta que considerara fraudulenta, aun frente a presiones políticas y mediáticas.
Advertimos además que ahora se pretende atribuir la explotación directa a Pampetrol, eludiendo la licitación pública, concentrando la operatoria sin controles efectivos y por un plazo que coincidiría con el período restante de gestión del gobernador Ziliotto, lo que agrava la preocupación institucional.
Recordamos que en el año 2004 nuestro espacio político participó activamente en una movilización histórica para terminar con maniobras irregulares en el control del petróleo extraído en la zona, cuando ni siquiera existían caudalímetros adecuados y se producían graves perjuicios para la provincia. Hoy, con modalidades distintas, advertimos una situación de similar gravedad, incluso con intentos de relativizar la necesidad de colocar medidores individuales en los pozos bajo el argumento de su costo.
También denunciamos que fraudulentamente se impidió la participación de Comunidad Organizada en Pampetrol S.A.P.E.M., siendo hoy el único partido político sin representación en dicha empresa estatal, y excluido asimismo de la comisión conformada por Ziliotto para el tratamiento del área.
Por todo lo expuesto, solicitamos que nuestra nota sea leída en la reunión convocada y reiteramos que concurriremos próximamente a la localidad de 25 de Mayo para exponer públicamente nuestra posición en ámbitos institucionales y sociales, abiertos al debate y a las preguntas de la comunidad.
En las próximas horas presentaremos un nuevo proyecto de ley cuyo objetivo no es alinearse con internas del oficialismo provincial ni con sus esquemas satélites, sino impedir la ruina definitiva del principal yacimiento hidrocarburífero de la Provincia de La Pampa