Las cifras deberían haber sido publicadas a mediados de agosto, pero una serie de imprevistos e inconsistencias provocaron la demora de los primeros resultados y llevaron a suspender la publicación de los datos provisorios; los definitivos, que se encuentran en procesamiento, serían publicados el año próximo
El 15 de agosto último, el Indec debería haber dado a conocer los datos provisorios del Censo 2022, a cinco meses del día oficial de relevamiento. El dato de población difundido horas después, según los cuales la Argentina tiene 47.327.407 habitantes, fue resultado de una “tendencia de campo”, de acuerdo con fuentes oficiales, pero puede variar en un millón de personas, o incluso más, según especialistas.
Dos meses después de la fecha pautada, el Indec confirmó que no revelará la información prometida. El organismo informó que esperará directamente a los resultados definitivos.
Una serie de errores provocaron una pérdida de millones de datos necesarios para cumplir con el calendario de divulgación establecido inicialmente. Los datos definitivos, que recopilarán la información no disponible actualmente, estarán recién en 2023, aunque el Indec podría dar a conocer la población por localidad entre fines de este año y el próximo. La diferencia entre las fechas es de gran importancia para los gobernadores e intendentes.
Los resultados provisorios, que arrojarían la cantidad de habitantes por distrito, por ejemplo, se iban a elaborar con las llamadas “planillas resumen”. Se trata de los formularios que debían llenar los censistas el mismo día del relevamiento para hacer una estimación fidedigna de cuántas personas hay en el país.
Por falta de fondos, de capacitación, errores y dudas en día del operativo, ausencias en los domicilios e imposibilidad de cruzar los datos, entre otros inconvenientes -de acuerdo con diversas fuentes-, el Indec evaluó que esos datos “no permiten reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional”, en un comunicado.
“Los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística precisa. El equipo técnico se encuentra trabajando directamente con la combinación de la información relevada en las cédulas censales y la base de datos del censo digital”, agregó el organismo.
De acuerdo con testimonios de los censistas, muchos de ellos no sabían cómo proceder ante determinadas contingencias, por ejemplo, al encontrarse con un domicilio sin sus moradores. También, las cuentas de las planillas hacia arriba de la estructura censal -que conforman una pirámide para llegar al número final- tenían errores de conteo.
La estructura censal estuvo compuesta, por primera vez, por más de un 50% de ciudadanos voluntarios. En operativos anteriores, la mayoría de los censistas fueron militares y docentes. Sin embargo, el Indec no se encargó directamente de convocar a todas las personas, sino que delegó esas funciones en los municipios y en las provincias. De acuerdo con los testimonios recopilados por LA NACION, hubo presencia de militancia y organizaciones sociales, particularmente en los despliegues en barrios vulnerables.
“En general, iban los docentes y el municipio hablaba con la gente de una villa o de un barrio popular para que garanticen el ingreso. Esta vez, fueron directamente ellos. Por eso, las dudas. El problema del director del Indec [Marco Lavagna] es que se dejó ganar por el kirchnerismo. En La Matanza, la agrupación que controla las jefaturas distritales se llama ´Néstor Carlos´ y es de Roberto Baradel”, dijo Alejandro Finocchiaro, diputado nacional.
Sobre el Indec pesa actualmente una presión política significativa, según diversas fuentes. El sistema de repartición secundaria de la coparticipación, que implica el cálculo de recursos para los municipios desde las provincias, está directamente relacionado con la cantidad de habitantes por distrito. Por este motivo, los dirigentes que suponen un crecimiento de su población empujan para que los datos se den a conocer antes de fin de año. En cambio, aquellos que intuyen una caída en su tajada de las transferencias, quieren esperar al año próximo para que no impacte en sus recursos en 2023.
Este punto es de importancia, porque sobre varias localidades pesan sospechas de manipulación de la población en el Censo 2010. El caso ejemplo es el de La Matanza, municipio en el que diputados de la oposición, mediante pedidos de informe, estimaron que se habría engrosado artificialmente la cantidad de habitantes en hasta un 27%, cerca de 490.000 personas adicionales, por duplicación en el conteo. Esto le valió, según cálculos de Martín Tetaz, legislador de Juntos por el Cambio, cerca de $2700 millones adicionales por año a este municipio, en detrimento de otros.
Fuente: La Nacion