La normativa reemplaza la heredada de la dictadura militar, por la que aún se rige la Policía de La Pampa. Era una deuda de la democracia. Sandra Fonseca se retiró del recinto al momento de la votación.
La Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia concretó en la tarde del jueves un paso histórico, para saldar una deuda de la democracia: se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana que erradica la vigencia de las normas jurídicas de facto que regían desde la dictadura el funcionamiento policial.
La votación de la ley en general se aprobó por unanimidad. Pese a los cuestionamientos que habían existido de parte de los distintos bloques de la oposición. La única que sostuvo su resistencia fue Sandra Fonseca, quien al momento de votar la ley en general se retiró del recinto. Por lo tanto, técnicamente se aprobó por unanimidad.
El radicalismo y el Pro sí hicieron observaciones a algunas de las partes de la ley y votaron en contra de determinados libros y artículos.
La nueva ley cuenta con un extendido consenso en diversas organizaciones y representantes de la ciudadanía, a partir de su perspectiva en Derechos Humanos y en Género, entre otros avances. Contó con aval de los movimientos de Derechos Humanos, las intendencias de la provincia, autoridades nacionales del área y profesionales con experiencia en la materia.
El gobernador Sergio Ziliotto afirmó, ni bien quedó sancionada la ley: «Celebro este avance histórico que modifica visiones y amplía herramientas para una Política de Estado fundamental como lo es la protección ciudadana» (ver aparte).
Los libros 1 y 2 en su mayor parte se aprobaron por la enorme mayoría, salvo algunos artículos cuestionados (26, 31 y 38). Se hicieron incorporaciones de incisos a partir de una propuesta del radicalismo, y eso facilitó la aprobación unánime.
No hubo unanimidad de los libros 3, 4, 5 y 6. En ese caso solo el oficialismo alzó la mano. Marcos Cuelle explicó, en síntesis: «acompañamos la incorporación del nuevo paradigma en derechos humanos (libro 1 y 2), pero encontramos un desequilibrio y falta de armonía respecto a los derechos de las y los trabajadores y organización de la institución (Libro 3) y ambigüedad en la seguridad privada (libro 5), además de escaso abordaje en la protección de derechos en videovigilancia (libro 4)», completó.
«Si bien es una ley que fue abordada y que ha incorporado nuevas paradigmas de protección de derechos humanos, entendemos que estas cuestiones que el oficialismo quiso imponer y no llevar a la mesa de consenso, hizo que tengamos algunas diferencias», sostuvo el diputado radical en Radio Kermés.
«Esta ley, que en un principio la pensaron como un parche más, fue tomada por las organizaciones sociales, políticas y sindicales reunidas en La Colectiva, como una oportunidad para discutir», recordó el referente del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, Víctor Giavedoni.
Aludió así a que en un momento, incluso durante la gestión de Carlos Verna, el proyecto de ley fue presentado directamente por la Policía, en la persona del entonces jefe Roberto Ayala. Esa iniciativa se desechó y el ministro del área, Horacio di Nápoli, se puso en la tarea de lograr consenso social hasta hacer el proyecto que este jueves se convirtió en ley.
«El aporte de las organizaciones fue escuchado- La ley contempla los nuevos paradigmas de la seguridad ciudadana. Igualmente , aún resta mucho trabajo por hacer de parte de las organizaciones de la sociedad en pos de las transformaciones que creemos deben darse. Pero celebramos este importante paso», remarcó Giavedoni.
El paso para la democracia pampeana es histórico, puesto que se trataba de una deuda institucional inaceptable: el accionar policial y las reglas básicas sobre la Seguridad seguían enmarcadas en La Pampa en las normas jurídicas de facto heredadas de la última dictadura.