Irán está atravesando una de sus crisis internas más violentas en años, con protestas nacionales que han sido reprimidas con fuerza letal, resultando en cientos de muertos, miles de detenciones y un fuerte intento del gobierno de controlar la información mediante apagones de internet. La violencia continúa intensificándose y tiene implicaciones políticas, sociales y diplomáticas profundas tanto dentro como fuera del país.
Protestas masivas continúan en Irán desde finales de diciembre de 2025, inicialmente por el agravamiento de la crisis económica y la depreciación de la moneda, y rápidamente escalando hacia demandas políticas más amplias contra el régimen teocrático.
Se reporta un bloqueo casi total de Internet y comunicaciones impuesto por las autoridades para reducir la difusión de información y obstaculizar la organización de protestas.
Represión y cifras de víctimas
Organizaciones de derechos humanos informan que el número de muertos ha superado los 500, con decenas de miles de arrestos desde que comenzaron las manifestaciones. Según la agencia Iran Human Rights (con sede en EE. UU.), al menos 538 personas han muerto y más de 10.600 han sido detenidas.
La violencia incluye uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, con muertos entre manifestantes y también entre miembros de las fuerzas del orden.
Incidentes específicos
Ha habido reportes de manifestantes quemando edificios oficiales y mezquitas durante enfrentamientos con las fuerzas.
Se han reportado casos individuales de violencia extrema, como el asesinato de una estudiante de 23 años, Rubina Aminian, presuntamente por disparos durante las protestas.
Reacciones del gobierno iraní
El régimen acusa a potencias extranjeras (especialmente EE. UU. e Israel) de instigar disturbios y amenaza con represalias si hay intervención externa.
Las autoridades han descrito a los manifestantes como “enemigos” o “terroristas”, endureciendo su postura frente a la protesta popular.
Contexto internacional
La ONU ha sido escenario de denuncias por parte de Irán sobre “injerencias” externas en su manejo de las protestas.
Voces internacionales han expresado preocupación por la violencia y pedido diálogo, aunque no hay consenso claro en la comunidad internacional sobre medidas más duras.