El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera.
La maniobra consistió en la captación ilegal y clandestina de audios privados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, para luego manipularlos o difundirlos de manera escalonada previo a la contienda electoral.
No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral.
El objetivo fue generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas.
Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el secretario ejecutivo de la AFA y reciente empresario de medios Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino.
El hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial.
Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas.
La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas. Por ello, la denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral.