A partir de ahora podrán asumir el financiamiento de proyectos y aplicar sistemas de recupero de fondos, con criterios de equidad y mayor flexibilidad.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, estableció un nuevo esquema para los convenios de obras públicas que se encuentran en ejecución, con el objetivo de modernizar el sistema de financiamiento, agilizar procesos y garantizar un uso más eficiente de los recursos.
Según la Resolución 1199/2025, publicada en el Boletín Oficial, las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires podrán continuar proyectos asumiendo el financiamiento de las obras cuando el Estado Nacional no cubra los desembolsos previstos. En esos casos, deberán implementar sistemas de recupero de fondos, ajustados a la capacidad de pago de los adjudicatarios y con cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos familiares.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró que esta medida “destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear”. “La resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”, explicó.
El texto también contempla excepciones: se podrá eximir total o parcialmente a hogares vulnerables, familias con necesidades básicas insatisfechas o beneficiarios de urbanizaciones en villas, asentamientos y relocalizaciones obligatorias.
Asimismo, se prevé la posibilidad de compensar los fondos a recuperar con montos pendientes de devolución en otros programas de vivienda y hábitat, o incluirlos dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre Nación y provincias.
La resolución incorpora un mecanismo de actualización de las devoluciones en función de la Unidad de Vivienda (UVI) y establece que, en caso de incumplimientos, las jurisdicciones deberán reintegrar los fondos con intereses y podrán ser demandadas judicialmente.
Finalmente, se derogaron más de una decena de resoluciones de gestiones anteriores para unificar criterios y se facultó a la Secretaría de Obras Públicas a dictar normas complementarias.