Con el apoyo de un grupo de cinco diputados radicales, el oficialismo blindó el veto del Presidente a la ley que buscaba aumentar los haberes del sector previsional. Incidentes afuera del Congreso.
En una sesión caliente y en medio de incidentes fuera del Congreso, la Cámara de Diputados ratificó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria sancionada por la oposición y que buscaba aumentar los haberes del sector previsional.
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) tuvo una victoria pírrica avalar el veto presidencial pese a que la insistencia de la ley cosechó más votos a favor que en contra: fueron 153 apoyos, 87 rechazos y 8 abstenciones.
Sucede que para poder revertir el veto, la oposición necesitaba una mayoría de las dos terceras partes de los votos: al haber votado 248 diputados, se requerían 166 voluntades.
Quedaron a 13 votos, a cierta distancia del objetivo de los dos tercios. Ni los cinco votos a favor del Frente de Izquierda, que en la sesión de junio pasado habían optado por la abstención, alcanzaron para acariciar la meta.
El bando a favor de la mejora jubilatoria perdió siete votos respecto del resultado de la sesión de junio. La sangría se debe al giro copernicano de cinco diputados radicales y el cambio del voto de los legisladores de Innovación Federal, que en junio habían apoyado la reforma jubilatoria y esta vez se abstuvieron.
En cambio, quienes se atrincheraron en contra de la reforma previsional crecieron en 15 votos para llegar a los 87. En esta votación, el oficialismo requería 83 votos para superar el tercio y blindar el veto.
Le sobraron cuatro diputados nacionales. Por eso fue clave que se se haya dado vuelta un grupo de cinco diputados de la UCR que en la víspera se había reunido con Milei en la Casa Rosada.
Los legisladores radicales que este miércoles decidieron desmarcarse de la conducción del bloque y votar a favor del veto fueron Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y el liberal correntino Federico Tournier, un hombre del gobernador Gustavo Valdés que se había incorporado recientemente a esa bancada.
Además, se ausentaron a la hora de votar la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini.
El resto, es decir, 26 de los 33 radicales, apoyaron la ley cuya elaboración la UCR había liderado, con el apoyo de otras fuerzas políticas como Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Unión por la Patria.
El PRO fue, como se preveía, el socio principal de La Libertad Avanza para este triunfo legislativo. 34 de los 38 diputados votaron en contra de la ley. El larretista Álvaro González se diferenció y votó a favor de la reforma de la movilidad previsional en tanto que se ausentaron Héctor Baldassi, Ana Clara Romero y Héctor Stefani, que no querían votar en contra de la mejora a jubilados.
También colaboraron con el Gobierno el MID de Oscar Zago, de tres integrantes, el bloque tucumano Independencia, también de tres miembros, las dos diputados de Buenos Aires Libre, los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo, y la tucumana Paula Omodeo del monobloque Creo.
En la columna de abstenciones se anotaron la libertaria expulsada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta (FE), y siete diputados de Innovación Federal.
Una serie de incidentes se registraron e en las inmediaciones del Congreso después de que la Cámara baja confirmara el veto presidencial.
Los manifestantes, entre los que había jubilados y organizaciones políticas, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.
La ley de reforma jubilatoria que había sido vetada por el mandatario establecía un aumento del 8,1 por ciento para compensar la pérdida sufrida por por la inflación de enero y un nuevo piso de haberes mínimos, además de un aumento adicional en marzo de cada año tomando en cuenta la variación salarial.
Discursos
El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro arremetió hoy contra el “transfuguismo” de los legisladores que en junio votaron a favor de la reforma de movilidad previsional y que ahora “se dieron vuelta” y le “darán la espalda” a los jubilados respaldando el veto de Milei.
Por su parte, el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, advirtió que si la Cámara de Diputados ratifica en la sesión de este miércoles el veto a la ley de movilidad jubilatoria, comenzará un «proceso judicializador” que será negativo para el Estado nacional en términos fiscales por la cantidad de juicios que deberá pagar.
El diputado nacional de la UCR Pablo Juliano embistió contra sus compañeros de bancada que en la sesión del 5 de junio pasado habían votado a favor de la ley de movilidad jubilatoria y que en los últimos días “cambiaron su voto” y respaldaron el veto del presidente Javier Milei.
Para el radical, quienes “den vuelta sus votos” lo hacen por especulación electoral y no por convicción política: «Tienen una urna en la cabeza”, disparó.
En otro pasaje de su discurso, Juliano sugirió que quienes hayan cambiado su voto y asistido a la Casa Rosada para sacarse fotos con Milei deberían abandonar el bloque.
“Los que se sacan fotos devuelvan sus bancas. Tengan el coraje político de que lo que hacen afuera lo hagan acá adentro”, aseguró.
Un rato antes, la diputada nacional del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer dijo que había que ser «muy tacho de mierda” para votar en contra de la mejora a jubilados.
Según la diputada del partido Izquierda Socialista, “la política de este gobierno es un verdadero gerontocidio”.
A su turno, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, chicaneó al presidente de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, al señalar que la UCR “no tiene conducta partidaria” por la interna a cielo abierto que atraviesa al partido centenario.
«Aprendan de la educación que siempre tuvo el radicalismo ya que no tiene conducta partidaria», ironizó Ritondo, con el cordobés sentado a pocas bancas de distancia.
Durante la sesión en la Cámara baja, el referente macrista le pidió a la UCR que se “haga cargo” de haber “arreglado con el kirchnerismo” para impulsar un dictamen con un costo fiscal significativo.
“Hubieran arreglado con nosotros”, le achacó Ritondo, que señaló que el dictamen del PRO era más “razonable” desde el punto de vista fiscal.