A casi un mes de que salió la Ley Bases, el Gobierno ya reglamentó la primera parte para darle marcha las reformas que Javier Milei se propuso desde el arranque de su gestión. Entre estas reformas, se vienen las privatizaciones de varias empresas públicas, algo que viene generando bastante ruido en distintos sectores.
La reglamentación salió a través del Decreto 695/2024 en el Boletín Oficial, lo que acelera la implementación de la ley. Este proceso fue todo un procedimiento en el Congreso, con idas y vueltas, negociaciones a las corridas y un primer intento que no llegó a buen puerto hasta que Guillermo Francos se puso al frente para cerrar todo a contrarreloj.
Federico Sturzenegger, uno de los pesos pesados del equipo económico, se mostró contento con la reglamentación de la Ley Bases, diciendo que «acelera la motosierra e implementa un mecanismo anti-ñoquis». El decreto prevé la concesión o venta parcial o total de varias empresas públicas importantes que mencionaremos a continuación.
Cuáles son las empresas, una por una
- Energía Argentina
- Intercargo
- AySA
- Belgrano Cargas
- Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
- Corredores Viales
- Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA)
- Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
Cómo se llevarían a cabo las privatizaciones
Para llevar a cabo las privatizaciones, el ministro o secretario a cargo de cada empresa tendrá que mandar un informe al Poder Ejecutivo. Este informe debe detallar la propuesta concreta de privatización, incluyendo si será total o parcial, las modalidades y procedimientos a seguir, y los plazos estimados. También deberán incluir cualquier preferencia o programa de propiedad participada, especificando qué tipos de sujetos pueden adquirir acciones y en qué proporción. Este informe también va a ir a la Comisión Bicameral del Congreso para su conocimiento.
Una vez que el Ejecutivo dé el visto bueno, se podrán iniciar los procedimientos de privatización. Para esto, deberán seguirse ciertos pasos para convocar ofertas del sector privado. Antes de firmar cualquier contrato, la Autoridad de Aplicación tendrá que consultar con la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Si la Procuración hace alguna observación o sugerencia al contrato, se deberá hacer un nuevo informe con los ajustes necesarios.
El Gobierno espera que esta medida no solo sirva para recortar gastos y mejorar la eficiencia de las empresas, sino también para atraer inversiones y generar empleo. Sin embargo, esta decisión no está exenta de polémicas. Algunos sectores temen que las privatizaciones puedan llevar a la pérdida de puestos de trabajo y a un encarecimiento de los servicios que estas empresas ofrecen