Documento sobre Federalismo Fiscal
LOS GOBERNADORES DE LA PROVINCIAS DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, DE SANTA CRUZ, DEL CHUBUT, DE RIO NEGRO, DEL NEUQUÉN Y DE LA PAMPA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LA PATAGONIA:
DECLARAN:
La Constitución Nacional, en su primer artículo, consagra el federalismo como uno de los pilares de la organización política de la Nación.
La actual coyuntura amerita discutir en la Argentina, entre otras temáticas, como se construye un País Federal, armónicamente desarrollado y socialmente inclusivo sobre la base de la producción y el trabajo.
El gobierno nacional, desde su perspectiva ideológica, ha puesto en marcha políticas públicas que identifican nítidamente el rol que le asigna al Estado.
Esa ausencia del Estado nacional genera en la cotidianeidad una alarmante falta de respuesta a las demandas básicas de la sociedad.
No puede soslayarse tampoco que ese abandono impacta directa y negativamente en la relación diaria que tiene la sociedad con las jurisdicciones locales que hoy tienen bajo su responsabilidad esa respuesta en virtud de su cercanía.
Porque la salud, la educación, la seguridad, la alimentación de los vulnerables y la obra pública son, en una abrumadora mayoría, responsabilidad de las provincias y, también en muchos casos, de los municipios.
Se trata de competencias que no se pueden desatender y deben acompañarse de sustentabilidad económica.
La actual Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos establece, en el marco constitucional de delegación de poderes, que la recaudación de tributos es tarea del gobierno nacional, a cambio de recibir una parte de esos ingresos, de acuerdo con un coeficiente de redistribución con el conjunto de estados federales.
Una simple comparación entre el 57,66% asignado inicialmente a las provincias en 1988 y lo que reciben en la actualidad, surge nítidamente que han sufrido un fuerte retroceso. Hoy, prácticamente se ha invertido esa proporcionalidad inicial.
Más aún, tampoco se cumple con el artículo 7° de la propia ley 23.548, que fija una garantía mínima del 34% del total de recursos que deben recibir las provincias.
Esta distorsión es una clara muestra de cómo las provincias fueron resignando recursos ante cada crisis de las finanzas nacionales. Y en la mayoría de los casos para garantizar gobernabilidad al gobierno central. Una realidad que derriba el mote de inviables, como algunos las quieren identificar y descalificar.
Ante este escenario, concluimos en la imperiosa necesidad de fortalecer el federalismo a partir de la reposición de los recursos que perdieron las provincias en su relación distributiva con el Estado Nacional.
No planteamos una mera reasignación de recursos. Es más profundo, queremos fortalecer la capacidad de las provincias y sus municipios para garantizar funciones esenciales que el Estado NO puede abandonar.
Podemos o no compartir el retiro del Estado Nacional. Tiene legitimidad para hacerlo. Pero las provincias no pueden abandonar a su suerte a su pueblo, y menos en medio de un escenario de creciente desprotección institucional, social y económica.
Perseguimos un único objetivo: construir una Argentina cada vez más federal, más desarrollada y más inclusiva en cada rincón del territorio nacional.